Dicen los hebreos que el hombre hace planes y Dios se ríe…….El ejemplo más cercano lo encontramos con la actual pandemia, que tiene preocupada a la población mundial, ante el panorama incierto que se nos avecina.
Sin embargo, existen otras circunstancias inesperadas que afectan personalmente al individuo y a su entorno más cercano.
En cuestión de segundos nuestra vida puede cambiar negativamente para siempre, y lo que antes no era previsible o imaginable, en un instante se convierte en una dura realidad, muy difícil de asumir para la gran mayoría.
Y si ya hablamos de los progenitores cuyos hijos, bien por nacimiento, bien por posterior accidente o enfermedad, sufren una discapacidad física o sensorial, es evidente que, como padres y cuidadores, verán condicionado el resto de su vida a la absoluta atención y dedicación de aquellos que, por padecer limitaciones severas, no podrán valerse por sí mismos, ni siquiera en edad adulta.
En el año 2018, a instancias del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) el Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad emitió un informe muy crítico con España, al calificar negativamente la integración de los alumnos discapacitados en los centros de educación ordinaria.
En aquel momento, partiendo de los datos que desde 2016 se tenían registrados, se estimaba que de los doscientos veinte mil alumnos que presentaban discapacidad en nuestro país, treinta y cinco mil se encontraban matriculados en los cuatrocientos setenta y siete centros de educación especial, de los que más del cincuenta por ciento eran concertados y privados.
Tras su investigación, el Comité de la ONU entendía que España no respetaba la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, pues había contribuido a un sistema discriminatorio y segredador, al mantener dos modelos educativos, con la consiguiente “invisibilización” de los discapacitados, a los que deja fuera del sistema general, desde sus primeros años de vida.
Y si bien cabe apuntar que, en determinados territorios de España, como es el caso del País Vasco, existe un modelo mixto, que permite reunir bajo las mismas instalaciones educativas a alumnos sin discapacidad y a discapacitados, en clases separadas y con distinto profesorado, esta solución tampoco resulta plausible para dicho organismo internacional.
Ante dicha situación, de inmediato, como poder público que ha de ser garante del derecho fundamental a la educación, el Gobierno de España tomó cartas en el asunto, anunciando su pretensión de integrar a los 35.000 alumnos con discapacidad para el presente año 2020.
Afortunadamente, pronto se abandonaría tal ambiciosa quimera, que por otra parte, no hubiera sido factible por culpa del Covid-19, pero para sorpresa de muchos, el propio CERMI, en cuanto que órgano de representación más importante del colectivo de discapacitados, se postuló por un cierre de la totalidad de los colegios de educación especial, marcándose como horizonte temporal el año 2025, para que no pudiera admitirse desde esa fecha “modalidades, regímenes, recursos o apoyos educativos que no se atengan estrictamente al principio de inclusión”
No obstante, si bien se han flexibilizado las posturas, existe intranquilidad en muchos padres, puesto que se viene anunciando como segura una reforma la Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación, con un Proyecto que contiene como cuarta disposición adicional un texto, cuando menos, ambiguo sobre la verdadera intención del Estado, al señalar que:
“El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”
Y así, se viene criticando que lo que realmente se pretende es una paulatina y progresiva eliminación de los centros de educación especial o cuando menos, su asfixia económica, con la perdida de unas ayudas económicas, imprescindibles para su subsistencia, algo que ha negado la Ministra de Educación.
¿Pero realmente estamos preparados para ello? ¿Es suficiente una década para que la sociedad evolucione hasta el punto de aceptar una única educación que integre a todos los alumnos, tengan o no éstos una discapacidad?
No estamos hablando de una mera eliminación de barreras arquitectónicas que, no sin cierta dificultad, se ha implantado con las consiguientes reformas del enclave urbano e inmobiliario.
Hablamos de algo más sustancial que afecta no solo a lo material, que por cierto, ya se vería ciertamente limitado, si ya partimos de la base de que nuestro sistema educativo ordinario, fragmentado en las diferentes comunidades autónomas, no nada precisamente en una abundancia de recursos económicos.
Dicen que cada persona es un mundo, y si ya hablamos de las discapacitadas, todavía mucho más, si tenemos en cuenta que algunas están afectadas por problemas físicos y/o sensoriales de diferente consideración y gravedad, amén de que existen diversos grados dentro de cada discapacidad, sin que tampoco quepan las equivalencias entre los mismos grados, sea dicha discapacidad física o sensorial.
Y es que cada discapacitado necesitará un “traje a medida” puesto que mientras unas personas tienen afectaciones inapreciables, otras las padecen mucho más severas, por lo que resultaría arriesgado realizar afirmaciones apriorísticas o efectuar certeros pronósticos sobre lo que puede suceder.
Pero es que además, partiendo de que resulta loable dicha propuesta de integración, habrá que contar con los primeros interesados, que son los progenitores, ya que difícilmente un Estado, por muy protector que sea, podrá suplantar el responsable papel de quien realmente ha dado, da y dará la vida por la salud y felicidad de sus hijos.
Cierto es, que los habrá proclives a mantener una educación especial, que potencia el desarrollo cognitivo y/o motriz de sus hijos , dado que fuera de las aulas, ya se encuentran integrados en su rutina y cotidianeidad, al compartir espacios y momentos con el resto de la familia y amigos ¿Para qué cambiar pues, lo que ya funciona, si viven en sociedad sin mayor problema?
Pero también habrá otros progenitores que entenderán que lo más beneficioso para sus hijos discapacitados es que se relacionen con otros niños sin su misma problemática y sin el amparo de determinado personal, volcado en ellos exclusivamente, como sucede, por poner un ejemplo, con la respetable decisión de muchos padres de niños sordomudos, que entienden que resulta más acertado que su hijo, en vez de relacionarse a través del lenguaje de signos, aprendan a comunicarse con la lectura de labios.
Siempre se ha criticado que en nuestra actual sociedad subsista una juventud acomodada, por culpa de una sobreprotección de los menores de edad, pero sería absurdo que a los mismos efectos equiparamos personas sin discapacidad y a discapacitados.
Será por tanto imprescindible, que las administraciones públicas respeten las decisiones de los representantes legales de éstos últimos, en cuanto a la elección de un centro de educación ordinaria o especializado, que lógicamente tendrán que venir avaladas por las recomendaciones de los especialistas sanitarios que los traten.
En nuestra opinión, siempre desde la perspectiva profesional de defensa de las víctimas que puedan sufrir un trato vejatorio, pretender una plena integración resulta más que complicada en cuanto a la convivencia en los centros educativos, si tenemos en cuenta que nuestra sociedad, lejos de una plena madurez, aún se encuentra necesitada de una evolución y mejoría en lo que a las conductas cívicas se refiere, algo que parece inalcanzable en un plazo de diez años.
Una sociedad, integrada por personas tan lerdas que, ni siquiera en el reciente periodo de confinamiento domiciliario han sido capaces de mostrar cierta cordura a la hora de contener su ira frente a personas discapacitadas, que salían a pasear con sus cuidadores. La ignorancia, ciertamente atrevida, casi siempre es estúpida.
Y si ya muchos adultos son impresentables, ¿qué podemos esperar de unos menores, cuya desarrollo educativo es una incógnita, precisamente ahora cuando, cada vez más, afloran episodios de un bullying, afectando a niños y adolescentes, aún sin discapacidad?
¿No estaríamos alimentando a la peor de las bestias, si dejamos que exista una plena integración con alumnos, cuando algunos de ellos puedan ser malvados y crueles, precisamente con el que se sale de su subjetiva norma?
Es el supuesto, por ejemplo de los hechos enjuiciados en segunda instancia por la sentencia de la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba cuando, con fecha 8 de mayo de 2017 declaró responsables a tres menores, de quince y dieciséis años, de un delito contra la integridad moral y de un delito contra la intimidad, por haber humillado a su vecino, un niño discapacitado de nueve años.
El chaval, que padecía un retraso madurativo que afectaba a su lenguaje comprensivo y expresivo, en ocasiones jugaba en el patio de la comunidad con los tres chicos, que le llamaban «el más tonto del patio, loco rumano» pese a lo cual seguía en contacto con ellos, por no comprender el alcance de la burla.
Pero en una ocasión, los tres chicos acordaron balancearlo y lanzarlo al suelo, grabándolo en su móvil, para posteriormente difundir el video con comentarios jocosos a través de Instagram.
Aparte de sufrir policontusiones, de las que tardó en curar diez días, la víctima sufrió desasosiego, angustia y temor a estar solo en el patio, debiendo ser acompañado siempre por sus padres e inestabilidad psicológica, que evidenciaba a través de una mayor ansiedad y susceptibilidad ante cualquier comentario, con agresividad hacia sus padres, compañeros y profesores.
La sentencia, descartando de forma tajante que fuera una mera broma de mal gusto o simples vejaciones, calificó tales conductas como repugnantes, crueles e inaceptables, en una sociedad democrática que ha de respetar los valores de los discapacitados, imponiendo a los tres agresores la medida de dieciocho meses de tareas socioeducativas, la prohibición de aproximarse al niño y de comunicarse con él y la obligación de indemnizarlo en la cantidad de seis mil euros.
Por desgracia, también se dan conductas similares en centros escolares de educación ordinaria, frente a las que, magistrados como el tantas veces aclamado Emilio Calatayud, da respuestas tan contundentes y ejemplarizantes, que trascienden a la opinión pública a través de los medios de comunicación.
Y así, el brillante Juez resolvió imponer a otro menor la medida de obligada estancia durante setenta y cinco horas en una aula, integrada plenamente por alumnos de educación especial, tras haberse mofado de dos compañeros de instituto, ambos discapacitados, y a los que había grabado con su teléfono móvil para difundirlo en un grupo de whatsapp.
De nuevo, malditos teléfonos móviles en manos de estúpidos menores de edad.
Tan estúpidos como pueden llegar a ser los adultos, que en vez de dar ejemplo para integrar a los que más sufren, se dedican a hacer mofa y escarnio de ellos, precisamente por su condición.
Decimos esto porque de confirmarse unos hechos que recientemente se han denunciado en Girona, constituirían el colmo de la idiotez y el súmmum de la falta de profesionalidad , merecedora de un serio reproche penal.
Y para ello el Fiscal intentará demostrar que hace tres años, durante una colonia de verano destinada a personas con discapacidad, varios monitores se burlaron de una de ellas, difundiendo un video a través de la citada aplicación.
Pero tampoco los políticos se salvan de la quema, para variar; es el caso de un mensaje a través de twiter en el que un diputado de Lleida por el Partido Popular se burlaba de Pablo Echenique, discapacitado en silla de ruedas, preguntando con sorna cómo iba a subir a la tribuna de oradores en el Congreso.
Ciertamente, el diputado de Unidas Podemos, no es el santo de la devoción de parte de la ciudadanía, y sus públicos comentarios a veces son del todo desafortunados, cuando no hirientes y desagradables para el rival político, pero para eso están el derecho de réplica o los tribunales.
Y siendo intolerable hacer mofa por una situación física, que nadie desearía para sí mismo, flaco favor se hace cuando se participa de ello al difundir determinados memes, que más que satíricos, son denigrantes hacia el colectivo de los discapacitados.
Tiempo atrás han quedado los chistes sobre los sordomudos, ciegos, gangosos, tartamudos, cojos y paralíticos.
Como ya expusimos hace una semana en nuestro blog, la sociedad evoluciona, casi siempre de forma favorable y nosotros con ella. Incluso en la normativa ha existido una sustancial revisión del lenguaje para describir su condición.
Los ahora discapacitados primero fueron subnormales y luego minusválidos.
Por eso, estamos convencidos de que ninguno de los estúpidos que ahora se mofan de un discapacitado, querrían tener el día de mañana a su hijo u a otro familiar con una severa enfermedad sensorial o física, postrado en una silla de ruedas para el resto de su vida.
Porque de acontecer tal fatalidad, ellos serían los abnegados cuidadores que deberían atender a sus hijos desde pequeños y preservarlos de personas tan idiotas y crueles, como ellos lo fueron un día.