Judicialización imprescindible y en la más alta instancia, el Tribunal Supremo.
Esa es la respuesta que el Gobierno de España ha dado a sus ciudadanos, a escasos días de que cese el Estado de Alarma, con la publicación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, anunciado matutinamente el mismo día en que los madrileños elegían a su Presidente, perdón, Presidenta de la Comunidad.
El legislador trata de justificarse en su exposición de motivos:
“….si bien las autoridades sanitarias disponen de competencias para adoptar medidas excepcionales a fin de prevenir, contener y limitar la crisis sanitaria derivada de la pandemia, previstas en la legislación ordinaria, no es menos cierto que cuando se trate de medidas restrictivas de derechos fundamentales, estas han de ser objeto de autorización o ratificación judicial……”
“…..las Salas de los distintos Tribunales Superiores de Justicia (…..) han seguido, en ocasiones, una diferente interpretación del marco sanitario estatal aplicable, alcanzando posturas divergentes ……….”
“……. se persigue el objetivo de posibilitar que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo pueda entrar a conocer sobre los autos adoptados por las referidas Salas de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional en esta materia y pueda, además, fijar doctrina legal, con intervención de las administraciones públicas autonómica y estatal…”
“………No obstante, la introducción del recurso de casación frente a dichos autos no alcanzará la finalidad perseguida de uniformar doctrina, si no se introducen mecanismos legales que garanticen la celeridad de dicho recurso de casación, de modo que, el control mediante sentencia del Tribunal Supremo surta eficacia al producirse con inmediatez a la decisión jurisdiccional de instancia.
Para ello es preciso introducir unas normas especiales de procedimiento inspiradas por los principios de preferencia y sumariedad…….”
Pues bien, lo realmente sustancial es precisamente lo procesal, porque el Real Decreto reforma la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, ya que a través de la nueva redacción permite la interposición del recurso de casación, directamente, sin la obligación de haber agotado la vía administrativa con el recurso de reposición, para que previos los trámites correspondientes de traslado de actuaciones y comparecencia de las partes en Madrid, en el mejor de los casos, el Tribunal Supremo fije doctrina y resuelva sobre las cuestiones y pretensiones planteadas, en un plazo máximo de cinco días.
En suma, como se suele decir, el Gobierno le pasa la patata caliente al Tribunal Supremo, con un Consejo General Poder Judicial dividido y cuya independencia ya venía siendo cuestionada por amplios sectores de la Magistratura, que incluso han reclamado a la Unión Europea que tomen cartas en el asunto, ante lo que se considera una vulneración a su independencia judicial por parte del legislativo/ejecutivo.
Las reacciones no se han hecho esperar, porque un día después,la Agencia Efe publicaba la siguiente noticia:
<<El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, César Tolosa, alerta en una entrevista con Efe del «déficit importante» que existe en la legislación sanitaria de urgencia y opina que los jueces dictaminen antes de su implantación qué medidas son las adecuadas «no es el mejor sistema». «Los jueces -dice- no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos».
Tolosa, que preside la Sala de lo Contencioso del TS desde hace siete meses, advierte de que tras el 9 de mayo, con el fin del estado de alarma, se abre «un panorama desde el punto de vista legislativo sumamente complejo» >>
Es evidente que lo peor que se puede hacer con un rebaño es dejarlo sin pastor, dado el evidente desconcierto que se genera entre unos indefensos animales, que hasta entonces se han sentido protegidos para poder sobrevivir con cierta seguridad.
Pues bien, sirviéndonos del símil, cuando todavía estamos lejos de la deseada inmunidad de rebaño en cuanto a la vacunación, lo cierto es que nuestra nación se verá abocada en los próximos meses al mayor de los desconciertos.
Tiempo ha habido de sobra para promulgar ad hoc una Ley Orgánica sobre la pandemia, que evitaría lo que muchos temen que se vuelva a repetir.
Pero en ausencia de una normativa estatal de referencia, desde nuestra web siempre hemos insistido en que por el bien común, lo que tendría que ponerse en cuarentena sería a la propia división de poderes.
Decimos esto porque, en pleno proceso de vacunación y con una preocupante cepa en la India, que se suma a la británica y brasileña, la excepcionalidad que supone la actual pandemia que, Dios mediante, no se tendría que volver a repetir en muchas décadas, obliga a que al menos se aúnen criterios, previo análisis de todas las circunstancias habidas y por haber, con reuniones de expertos, pero de los de verdad,no ficticios.
Sin embargo, seguimos sin aprender de nuestros errores y por enésima vez volvemos a tropezar con la misma piedra.
El año pasado, a estas alturas, como mal menor, al menos contábamos desde el Gobierno con un plan de desescalada progresiva en varias fases, que si bien nos parecía hasta cierto punto estrambótico, ahora nos vendría como anillo al dedo.
Por ello, no hace falta ser demasiado perspicaces, sino atenernos a la experiencia reciente, para vaticinar que, una vez levantado el Estado de Alarma, visto el vacío legal y sin una jurisprudencia unánime para todos los territorios de nuestro país, serán las Comunidades Autónomas las que se las verán y desearán para hacer un normativo encaje de bolillos que probablemente será recurrido hasta que el Tribunal Supremo resuelva, si es que lo hace en última instancia, cosa que dudamos.
Y el ciudadano, como siempre, a verlas venir, al comprobar como lo que vale para una ciudad de su Comunidad no sirve para otra de la vecina de al lado, aunque el índice de contagio sea similar.
En suma, un campo abonado para el experimento, con la temporada estival a la puerta de la esquina, un aluvión de turistas deseosos de disfrutar de nuestras playas y lo más preocupante, unos adolescentes y no tan adolescentes, que sin todavía haber sido vacunados, verán relajadas las medidas para poder disfrutar de lo que los más prudentes se han visto obligados a renunciar durante un año y medio.
En este sentido, no hablamos tan solo de salir a tomar unas copas, sino también de las habituales celebraciones de masas, donde es imposible evitar la proximidad física.
Por ello, si nada lo remedia, muy pronto seremos testigos de concentraciones, aglutinando a cientos de personas para celebrar títulos deportivos o ascensos de categoría de sus respectivos equipos.
A comienzos de año, Nicholas Christakis, médico y profesor de Ciencias Sociales y Naturales de la Universidad de Yale y considerado por la revista Times como una de las cien personas más influyentes del mundo, en una entrevista a la BBC, vaticinaba un auténtico desenfreno por parte de la población mundial, una vez se hubiera extinguido la pandemia, tras haber visto restringidas durante tanto tiempo sus libertades.
Pero, en lo que se refiere a nuestro país y conociendo nuestro carácter festivo, mucho nos tememos que dada la falta de una mano firme que hasta ahora nos ha limitado legalmente, tras el Estado de Alarma, exista una falsa sensación de que la pandemia ha finalizado, olvidando que nuestro invisible enemigo, ahí sigue, vivito, coleando y sobre todo, mutando.
Y como Capitán General del (des)Gobierno ante la pandemia, se mantiene nuestro Presidente, cuya inteligencia está fuera de toda duda en lo que se refiere al logro de sus propios intereses, pero cuyo descaro, sin dejar de sacar pecho, aún no le ha pasado la factura que su soberbia merece.
Y es que es difícil olvidar aquellos eslóganes tan rimbombantes, como vacuos, del pasado año, porque desgraciadamente, ni estamos saliendo más fuertes de esta crisis sanitaria, ni el virus lo estamos parando unidos.
Pero sin duda,es aquella frase de que “Nadie se va a quedar atrás” lo que más está enmarcando el personal retrato de Dorian Gray de Sánchez.
Hace breves fechas teníamos ocasión de ver nuevamente La pasión de Cristo, película sobre la que escribimos en el blog.
Pues bien, como no podía ser de otro modo, en el film de Mel Gibson destacaba la presencia del Gobernador romano de Judea, Poncio Pilatos, a cuya presencia fue llevado el proscrito Jesús de Nazaret.
Y tras varios intentos del regidor para que las enfervorizadas masas encontrasen otra alternativa distinta al desenlace que todos conocemos, en La pasión de Cristo se recoge un momento que quedaría para la historia como un gesto simbólico de que no quería ser partícipe del cruel destino de aquel hombre.
Pues bien, mientras la mayoría de los españoles seguimos respetando las recomendaciones sanitarias para el lavado de manos dentro de nuestro particular calvario pandémico, nuestro Presidente, también lo hace, pero en la doble acepción del término.
NOTA ACLARATORIA POSTERIOR: el 14 de julio de 2021 El Tribunal Constitucional hizo pública una nota informativa, cuyo titular es el siguiente:
EL PLENO DEL TC POR MAYORÍA ESTIMA PARCIALMENTE EL
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE VOX CONTRA VARIOS
PRECEPTOS DEL REAL DECRETO 463/2020, QUE DECLARÓ EL
ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DEL COVID-19
Si bien aún no se dispone del contenido de la sentencia, ya se han adelantado los aspectos más relevantes, que constituyen un enorme varapalo jurídico al Gobierno de Pedro Sánchez, tan criticado en cuanto a la errática gestión de la pandemia y a la arbitrariedad de sus decisiones a golpe de Decreto Ley en lo que habría constituido un Estado de Excepción encubierto sin el control del Congreso de los Diputados, para la restricción de derechos individuales de unos ciudadanos que estuvimos confinados tres meses.
Todo apunta que sorprendentemente, tal declaración del Tribunal Constitucional no legitimará el que pueda demandarse al Estado una responsabilidad patrimonial por el cierre de miles de negocios, pero sí el que puedan anularse infinidad de multas.
En todo caso, no cabe duda que Pedro Sánchez, su Consejo de Ministros y ese Comité de Expertos que nunca conocimos han quedado retratados.
A Poncio le ha dado un suponcio, aunque vistos los precedentes y conocida la capacidad de Sánchez para salir de todos los atolladeros al precio que sea y caiga quien caiga, el mareo será pasajero, y con buenas palabras y sonrisas.
Lo preocupante es que hoy por hoy, la alternativa al peor Gobierno que se recuerda en Democracia tampoco está para tirar cohetes.