En septiembre de 2019 los medios de comunicación se hacían eco de la difusión viral del vídeo registrado en un Colegio Mayor de la Universidad Complutense de Madrid en el que aparecía un universitario con la mano cubierta de espuma de afeitar, dándole un brutal bofetón a una compañera. Pronto se supo que se trataba de “hacer un Whilliams”, habitual novatada entre estudiantes y que, en este caso, dio lugar a una sanción disciplinaria.
Meses antes, el 8 de abril, la Audiencia Provincial de Cádiz había dictado una sentencia, de cuya firmeza no tenemos constancia, condenando a prisión a cinco soldados del Cuerpo de Infantería de Marina; dos ellos, a 2 años, por un delito de agresión sexual sin penetración y el resto, a 4 meses, por un delito contra la integridad moral, debiendo indemnizar a la víctima por el daño moral sufrido en la suma 20.000 euros.
Ciertamente, la pena hubiera sido mayor de no haberse beneficiado su autores de la atenuante de dilaciones procesales indebidas, vista la gravedad de lo sucedido, cuando los cinco soldados hicieron creer al otro que iban a violarlo, tras sujetarlo, inmovilizarlo y separar sus nalgas para presionar con una botella en su ano.
El concepto de novatada resulta familiar para quienes, como espectadores, hemos visionando películas norteamericanas con alocados jóvenes universitarios que tienen que superar pruebas para formar parte de hermandades o fraternidades sitas en mansiones decoradas con gigantes letras griegas.
Sin embargo, el fenómeno no es nuevo y ni siquiera proviene de Estados Unidos. Ya en su obra El Buscón, Quevedo relataba las andanzas de estudiantes veteranos que se burlaban de los novatos a los que escupían y golpeaban.
Igualmente, muchos podrán asociar las novatadas a las anécdotas sobre bromas sufridas o presenciadas en cuarteles, durante el cumplimiento del hoy extinto servicio militar obligatorio.
Sea como fuere, en la actualidad siguen existiendo comportamientos que van más allá de lo gracioso para convertirse en una humillación, en cuanto que viles ataques contra la dignidad humana.
Cada año muchos progenitores afrontan importantes gastos para sufragar la estancia de sus hijos en un colegio mayor universitario, dentro del incierto e ilusionante periodo que para ellos representa el tránsito a la vida adulta.
Y deseosos de integrarse en una nueva ciudad y hacer amistades, deben aceptar en ocasiones penosas situaciones para evitar la marginación o incluso acoso de un grupo liderado por veteranos que se aprovechan de su vulnerabilidad.
Actos turbios y torturas, que pueden suponer una agonía durante el primer año y marcar a sus víctimas de por vida, como ser subastados para tener que servir a los veteranos, sufrir las quemaduras de sus cigarrillos o con ácido, introducir las manos en un tostador de pan encendido, beber alcohol a través de embudos o mezclar bebidas hasta la intoxicación etílica, hacer ejercicio hasta la extenuación, pelearse, desnudarse, masturbarse o practicar sexo delante del grupo, ducharse con agua fría e hirviendo ,sufrir depilaciones y ser pintados en los genitales o ridículos cortes de pelo, bañarse entre excrementos, tragar papel higiénico, comida para perro, monedas o tierra, beber vinagre y sosa caústica, frotarse los dientes con las escobillas de los urinarios o beber su agua, ingerir vómito, permanecer siempre despiertos o encerrados en armarios minúsculos, saltar desde lo alto a un sitio incierto con los ojos vendados, e incluso delinquir cometiendo sustracciones y daños a la propiedad.
Si bien es cierto que por parte de la dirección de los Colegios Mayores se ha procurado erradicar tales conductas, las mismas se trasladan fuera de los campus universitarios a “botellones” en pisos de estudiantes o parques públicos.
El artículo 173.1 del Código Civil tipifica el delito contra la integridad moral, precepto cuyo bien jurídico protegido es la dignidad de la persona humana, reconocida como derecho en el artículo 15 de la Constitución Española, castigando aquellas conductas que supongan sufrimiento físico o psíquico tendente a cosificar a la víctima, humillándola ante los demás y ante sí misma.
En todo caso requerirá la existencia de intencionalidad o el dolo por parte del autor y sus cómplices o encubridores, lo que implica tener conciencia y voluntad no sólo de causar un padecimiento psíquico o físico, sino de que éste resulte degradante o humillante para la dignidad de la persona. Dolo que incluso podrá ser eventual, esto es, cuando se es consciente del resultado que el peligro puede ocasionar, sin que en ningún caso pueda exculparse la conducta por animus iocandi o intención de bromear.
Cierto es que en nuestra jurisprudencia penal no encontramos muchos precedentes que hayan examinado supuestos de lesiones o vejaciones constitutivas de delito contra la integridad moral.
Y la explicación para ello es que las victimas no denuncian dichas novatadas dado que impera un código de silencio. Frases como “el novato no es un chivato” y “el novato no propone, sino que dispone” son habituales, como proclamas de un forzado sentimiento de camaradería y pertenencia al grupo.
Porque más allá del sadomasoquista que asume los castigos, pendiente del relevo de convertirse en un futuro veterano para pasar de víctima a verdugo, la vergüenza de haber participado en actos grotescos y degradantes para evitar el escarnio público o el miedo a sufrir represalias por parte del resto, suponen una seria cortapisa a la hora de emprender acciones judiciales que, por otra parte, han de sustentarse en una sólida prueba que evite absoluciones.
Absoluciones que también se han alcanzado, no por cuestiones de fondo o probatorias, sino procesales, como sucedió cuando la Audiencia Provincial de Murcia en su sentencia de 4 de octubre de 2016, acogió la prescripción de la conducta punible para revocar la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción condenando a una joven que había sujetado y arañado a otro alumno durante el transcurso de una novatada.
Ya en el orden civil, el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de diciembre de 2004 enjuiciaba en casación la caída sufrida por un menor al tratar de huir de unos compañeros que pretendían hacerle una novatada, entendiendo que el daño era imputable al centro por no haber prestado los profesores la debida atención, vigilancia y cuidado para evitar la persecución.
En otra sentencia, de 14 de mayo de 2010, el Alto Tribunal estimaba la pretensión de un voluntario de la Cruz Roja que había sufrido lesiones y padecía graves secuelas tras haber sido empujado al mar por sus compañeros de salvamento marítimo y que previamente le habían indicado que se asomara para ver unos peces.
En el ámbito del derecho administrativo conviene acudir a la sentencia de 16 de diciembre de 2004 en la que la Audiencia Nacional desestimaba el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado y confirmaba el reconocimiento del derecho de un soldado a percibir una pensión ordinaria de inutilidad sobre una discapacidad del 66%, vistas las graves secuelas psíquicas que padecía tras sufrir novatadas en el cuartel.
Como siempre insistimos, será a golpe de desgracias cuando la alarma social obligue a revisar las leyes para proteger a las víctimas de las novatadas, dado que aún continua en el limbo la iniciativa aprobada por el Senado el 1 de octubre de 2014 y que instaba a la adopción gubernamental de medidas para evitar su práctica en el ámbito social y universitario, y que a día de hoy tan solo han quedado en campañas de sensibilización.
Es preocupante que queden impunes la gran mayoría de conductas cometidas por universitarios y soldados que se comportan como verdaderos psicópatas, cuando a los primeros se les supone un mayor nivel intelectual para acceder en un futuro a un puesto de responsabilidad o una profesión y a los segundos, su valor y respeto por el compañero en la defensa de la colectividad.
Mala suerte tendrá el que caiga en manos de ciertos indeseables porque, como dice Arturo Pérez Reverte, el azar tiene muy mala leche y muchas ganas de broma.
Pero una buena broma es aquella en la que se ríen todos, sin excepción.