Mucho se ha criticado al Gobierno de España por haber legislando a golpe de decreto-ley en los últimos meses, sin esperar a la finalización del Estado de Alarma y a una mayor relajación no solo social sino institucional, todavía crispadas por la situación que padecemos.
Y legisla, no solo con decretos leyes, sino también con leyes orgánicas, que en el caso de la lucha frente a la violencia que sufren los menores de edad, se ha materializado en un anteproyecto, pendiente de último trámite parlamentario, antes de su entrada en vigor.
Pero es que además no es la primera vez, ni será la última, que el legislador aprovecha la norma para introducir de soslayo sustanciales reformas sobre cuestiones que quizás no tengan directa relación con el contenido sustancial de lo legislado.
Nos referimos en concreto a la reforma del código penal y, en concreto, a su artículo 22. 4ª , dado que con el anteproyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia se pretende ampliar los motivos discriminatorios, como circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, para incluir la aporofobia.
El término aporofobia ya ha sido aceptado por la Real Academia Española de la Lengua, tras ser acuñado hace algunos años por la filósofa Adela Cortina y se puede definir como fobia a la pobreza, en cuanto que rechazo, aversión, temor y desprecio hacia las personas indigentes.
Y de haber existido antes esta circunstancia agravante, sin duda se hubiera aplicado en varios asuntos, que ya han sido enjuiciados, al ser la pobreza de la víctima el factor determinante de la conducta delictiva.
Como un episodio reciente, que se sustanció ante el Juzgado de lo Penal nº 9 de Barcelona, que con fecha 29 de mayo de 2019, dictó una sentencia condenatoria por un delito contra la integridad moral, resolución de la que todavía no nos consta su firmeza.
Los hechos que resultaron probados, de confirmarse, deberían sobrecoger a los más duros de corazón, siendo su triste protagonista un joven ciudadano chino, residente en España y conocido youtuber, bajo el nombre de Reset, elevado a la categoría de influencer, con un millón doscientos mil suscriptores, ochenta y dos vídeos públicos, y ciento veinticinco mil visualizaciones de sus contenidos.
Reset recibió de uno de sus seguidores la propuesta de llevar a cabo un desafío, consistente en sustituir la capa de crema de las galletas Oreo por pasta de dientes, con el fin de entregarlas a personas en la vía pública.
El joven aceptó el estúpido reto y decidió focalizar su “hazaña” en indigentes, y en concreto en un ciudadano rumano, al que entregó un billete de veinte euros y un paquete de galletas, grabando a continuación un vídeo, que subió a youtube, con estas palabras:
«La verdad es que uno se siente bien cuando ayudas a una persona. Obviamente la parte del Oreo con pasta dental, a lo mejor me habré pasado un poco, pero mira el lado positivo, esto le ayudará a limpiarse los dientes, que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre»
Desgraciadamente, no era la primera vez que realizaba vilezas similares, ya que durante el transcurso de la investigación, iniciada tras la correspondiente denuncia, se localizaran otros vídeos en los que se ejecutaban indignas acciones de naturaleza vejatoria contra otras personas indefensas y vulnerables, que lamentablemente no pudieron ser localizadas para testificar.
Más allá de la condena a prisión de quince meses, que es probable que no tenga que cumplir por quedar suspendida, lo que realmente más le ha dolido a este sujeto es su bolsillo.
Y es que Reset, no solo ha sido condenado a pagar a la víctima veinte mil euros, en concepto de daños morales por su humillación pública, sino que se le ha acabado un “chollo” que le reportaba pingües beneficios, al cerrarse su canal de youtube por un periodo de cinco años, durante el cual no podrá activar otro nuevo.
Quizás así madure el chaval.
En 2018, el diario Las Provincias de Las Palmas se hacía eco de otro triste suceso, que fue enjuiciado por el Juzgado de lo Penal nº 3 de dicha localidad, que sentenció condenando a tres jóvenes, a una pena de un año de prisión y el pago una indemnización de doce mil euros a la familia de la víctima, dado que ésta había fallecido como consecuencia de un infarto de miocardio.
Los condenados salían de una discoteca y de regreso a casa se encontraron con un indigente habitual de la zona, conocido por pintar cuadros, y que se encontraba durmiendo en estado de intoxicación etílica en la puerta de entrada al cajero de una oficina bancaria.
Al verlo en tal situación, para burlarse de él, enrollaron su cabeza con una cinta de embalar e igualmente amarraron su cuerpo a una colchoneta con cinta adhesiva, junto con una botella de alcohol del propio mendigo.
Si bien es cierto que no se pudo acreditar que existiera un nexo causal entre el hostigamiento de los acusados y el infarto sufrido por la víctima, es obvio que las consideraciones del Juzgador incidieron en el reproche por la humillación sufrida, que encajaba, como el anterior, en un delito contra la integridad moral.
Pero para encontrar unos hechos todavía más graves, donde la circunstancia de la extrema pobreza de una persona, dio pábulo a un detestable y salvaje comportamiento criminal, debemos remontarnos al año 2007.
La víctima, de 49 años y que se desplazaba con andador tras haber sufrido un accidente de tráfico, padecía el síndrome de Diógenes, habitando en una situación de extrema marginalidad en su vivienda, sin puerta de entrada, carente de suministro de agua, de electricidad, de sanitarios, de fregadero y rodeado de basura.
Tras una discusión con tres menores en un parque, éstos agredieron al indigente, mientras se burlaban de él, grabando la escena con un móvil.
Pero la maldad de los adolescentes impulsó a dar un paso más, y planear acabar con la vida del mendigo, acudiendo a su vivienda para rociar disolvente sobre su cuerpo y, mientras lo grababan con el móvil, prenderle fuego con un mechero, hasta causar su muerte.
Los aficionados al cine recordarán una canallada similar, narrada en la película de Alex de la Iglesia “El día de la bestia”.
¿Y cuál fue la consecuencia penal para tamaño crimen, sádico y cruento donde los haya?:
La medida de internamiento en régimen cerrado por tiempo de cinco años, seguida de dos años de libertad vigilada, así como el pago de una indemnización de nueve mil euros a la familia del fallecido.
Tal pronunciamiento fue decretado por el Juzgado de Menores de Córdoba y ratificado por la Audiencia Provincial, con fecha de 15 de julio de 2008.
El tribunal superior incidió en la reiteración del trato humillante hacia la victima por su condición de pertenecer a una clase marginal, con frases insultantes y amenazantes y agresiones físicas con patadas y golpes, siempre con la finalidad de burlarse de él y degradarlo de su condición de ser humano, amén de grabar sus actos para poder regodearse del sufrimiento de la víctima.
Lejos quedan atrás aquellos tiempos, cuando se dejaba entrar a comer a su casa a gente necesitada, que hambrienta y muerta de frío, vagaba por doquier, en una posguerra durísima.
Pero la situación económica actual dista de ser idílica.
Y es que según estimaciones de Caritas, la pobreza extrema en España durante el confinamiento ha aumentado en un porcentaje del 30%, afectando ya a un millón de personas, lo que supone que uno de cada cuarenta y seis ciudadanos de nuestro país ha de ser calificado como pobre.
Es obvio que nuestro Estado del bienestar está obligado a la mitigación de la pobreza extrema, que sufren muchos ciudadanos y que, por circunstancias de la vida, no han tenido la misma suerte que otros, con fortuna, trabajo y una vivienda digna donde vivir.
Pero la ciudadanía también debe contribuir a la causa.
Uno ciertamente es libre de colaborar con limosnas o donaciones para organizaciones benéficas, en la medida de sus posibilidades y sin desatender sus propias necesidades.
Sin embargo, es de obligado cumplimiento que denunciemos y censuremos ese visceral y dañino odio al pobre, que revela miseria interior, podredumbre emocional y carencia de valores humanos.
Porque la pobreza mental siempre será mucho más nociva y perniciosa que la económica.