¡ES LA RETROACTIVIDAD, ESTÚPIDO!


Circula desde hace tiempo un meme adaptable, según los casos, en el que se aprecia como Bart Simpson escribe con tiza en la pizarra una frase, como castigo de un profesor, algo por otra parte tan frecuente en la educación infantil de los que hemos cursado la EGB en los tiempos de Maricastaña.

Pues bien, yo me permitiría en estas líneas arrogarme el papel de un severo profesor, birrete incluido, algo más propio de latitudes anglosajonas.

Y como castigo pondría en una larga fila a todos los que en su momento votaron con un SI a la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual (o Ley del solo sí es sí) que ha entrado en vigor el pasado 7 de octubre de 2022.

La frase que cada uno de ellos debería escribir veinte veces con letras mayúsculas en la pizarra hasta que les entrara en la mollera sería:

¡¡TENDRÁN EFECTO RETROACTIVO AQUELLAS LEYES PENALES QUE FAVOREZCAN AL REO, AUNQUE AL ENTRAR EN VIGOR HUBIERA RECAÍDO SENTENCIA FIRME Y EL SUJETO ESTUVIESE CUMPLIENDO CONDENA!!

Así reza el artículo 2.2 de nuestro Código Penal vigente, que establece como su propio texto indica una retroactividad, que según la Real Academia Española de la Lengua y en términos de derecho, es extender la aplicación de una norma a hechos y situaciones anteriores a anteriores a su entrada en vigor.
Llegados a este punto, uno cabe hacerse la siguiente pregunta:

¿Sabían o desconocían estos genios, que aplauden a sus lideres como focas, que una aplicación retroactiva de la norma traería como consecuencia notables beneficios penales para aquellos que ya estaban cumpliendo condena por delitos contra la libertad sexual antes de la entrada en vigor de la ley?

Sea cual sea la respuesta, inexorablemente lleva a la misma conclusión, bien por dolo o imprudencia, sobre la nefasta intervención legislativa emanada del Congreso de los Diputados y Senadores, esto es, de una amplia mayoría de nuestros políticos, a quienes votamos cada cuatro años.

Y siendo ya grave esa chapuza legislativa, sin precedentes en nuestro ordenamiento jurídico penal y que supone una rebaja punitiva de penas ya impuestas, vista la identidad de todos los actos atentatorios contra la libertad sexual bajo el término agresión sexual, además de afectante a delitos que generan evidente alarma social (véase, reciente episodio del ex futbolista del Futbol Club Barcelona, Dani Alves) aún es peor que es ni siquiera algunos, no reconozcan el error , culpando a la que denominan derecha judicial, alentado por la mediática y política y tengan la decencia de asumir la responsabilidad y dimitir.

Por mucho menos lo han hecho otros ya.

En una era digital como la nuestra, en la que llueven por doquier manifestaciones postulándose en uno u otro sentido, casi sin meditar, hay que detenerse en las recientes y serenas palabras de la ex vicepresidenta del Gobierno socialista en un medio de comunicación clásico, que nada tiene que ver con el ardiente Twiter, la Cadena SER.

Y así, Carmen Calvo aseguraba con su tono pausado, casi monjil, que el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, había advertido sobre lo que ahora se llaman “efectos no deseados” a Irene Montero, a la sazón, mayor valedora de la que era consideraba ley estrella de su cartera y una de las ministras más nefastas de la democracia, no solo por su ignorancia sino por un sectarismo ideológico que nubla su razón.

Y todo ello, partiendo de la base de lo apuntado desde el propio Consejo General del Poder Judicial en un informe consultivo, que si bien resulta preceptivo aunque no vinculante, en todo caso emana de quienes tendrían luego han de aplicar la norma en sus sentencias.

Es decir, no hablamos de la redacción de unos alumnos de primero de derecho, que dicho sea de paso, saben más que quienes votaron a favor de la Ley.

En suma, una mayúscula ceguera política de quienes, de cara a la galería brindaban al sol de la opinión pública, congratulándose con palmaditas en la espalda, tras centrar todas sus soflamas en la importancia del consentimiento, que no deja de ser otra mayúscula parida legislativa, olvidando que siempre ha de ser la acusación la que tiene que demostrar la comisión del delito y no la defensa la inocencia, acabáramos.

Y con esta pretensión “arco iris” de cara al futuro de resocializar y no penar en exceso al condenado, recobraron súbitamente la vista ante el fogonazo de una realidad que conocen todos los juristas: en derecho, cualquier pasado sí que puede ser peor que un presente que lo mejora expresamente con una legislación ad hoc.

A partir de ahí, los irresponsables que habían perpetrado la chapuza confiaban en que el Tribunal Supremo, enmendara la plana a los osados magistrados que habían tenido oportunidad de beneficiar a los ya condenados y se les llenó la boca de invocación a una justicia superior, que no divina, a quienes nos habían vendido una moto sin frenos.

Todos ellos, sin tener repajolera idea de derecho, algunos muy cabreados, si hablamos del sector de Podemos, otros con una sonrisa de comercial avezado, como es el caso de la Ministra Portavoz, que trae a nuestra memoria a aquel presentador del telediario, Paco Montesdeoca, que igual de agradable nos relataba una tragedia que la celebración del Gordo de Navidad.

Por ello, lo previsible en buena lógica judicial era lo que sucedió: más que enmendar, lo que ha hecho el Alto Tribunal es enmerdar aun más si cabe, la penosa técnica legislativa, al señalar que la Ley Orgánica 10/2022 podrá aplicarse en beneficio del reo cuando se fije ahora pena inferior en aquellos supuestos en los que así proceda, pero analizando caso por caso y no de forma global, tanto en asuntos pendientes de juicio como en recursos de apelación y de casación y en ejecutorias penales.

Y así, unos aplicarán la rebaja y otros no, pero no ya como sostienen todavía de forma injusta ,falaz y maniquea porque carecen de perspectiva feminista o son fachas con toga, sino porque actúan, en base a un derecho, a la tutela judicial efectiva que ampara no solo a las víctimas, sino también a los victimarios y en todo caso, deben ser atendidas las circunstancias del asunto, que como bien decimos, son individualizadas para cada reo.

Dicho de otra forma, que de unificar doctrina “ nasti de plasti”, visto que, como se suele decir, en derecho, como en la vida, cada caso es un mundo.

Hemos superado la preocupante cifra de trescientos beneficiados por la aplicación retroactiva de la puñetera ley y algunas fuentes apuntan a que tan solo suponen una décima parte de las condenas que pueden revisarse.

Aunque muchos de los que perpetraron la chapuza no serán creyentes, supongo que deberán estar poniendo velas sin parar, porque en caso de que alguno de los beneficiados reincida (algo más que frecuente en el caso de los depredadores sexuales) no habrá sitio en el que puedan esconder sus miserias quienes lo han facilitado y ni siquiera han asumido la responsabilidad, con una honrosa dimisión.

Malísimo ejemplo de quienes en su momento honestamente despotricaban en contra de la clase política y facilitaron, tras el movimiento 15 M un mayor abanico parlamentario en donde encajar, en defensa de la ciudadanía descontenta que denunciaba la corrupción de los políticos.

Algunos de estos políticos, casualidades de la vida, precisamente al hilo de la retroactividad, con ocasión de la reciente reforma penal sobre los delitos de sedición y malversación seguramente se verán favorecidos.

Pero esto ya no parecen efectos no deseados.

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